Cuando alguien fallece sin herederos conocidos, sus bienes quedan en una especie de limbo.
El Tesoro Público ha ingresado desde 2.010 más de 80 millones procedentes de fallecidos sin testamento ni herederos legales. Hay empresas que se dedican a buscar herederos de fortunas abandonadas. Así que el Estado recompensa con el 10% del caudal hereditario, siempre y cuando demuestren que no hay herederos vivos. Entre 2010 y 2019, Hacienda ha pagado cuatro millones de euros a estos detectores de herencias perdidas.
Esto es lo que le ocurrió a una señora que falleció hace 14 años, dejando una casa vacía, donde entraron okupas. Una empresa especializada en la caza de herencias, rastreando testamentos por todo el mundo, se interesó por el caso y encontró sus herederos, a cambio de quedarse con parte de estos bienes. Esta empresa manifiesta que la mayor herencia que ha recuperado es un bloque de pisos completo en la calle Alcalá de Madrid, con dos únicos herederos.
Probar que un patrimonio ha quedado sin dueño legítimo conlleva una complicada documentación. Después de recibir y verificar la denuncia, Hacienda debe publicar en el BOE un llamamiento para que cualquier aspirante a la herencia la pueda reclamar. Si nadie se interesa por ella, comienza un proceso de adjudicación que puede durar años.
Estas empresas aceleran el proceso iniciando una búsqueda por su cuenta. No se le pide ni un euro al heredero hasta que tiene el dinero en sus manos. Para ello la empresa firma un contrato que refleja las obligaciones de los herederos derivadas de este contrato pactado. Por lo general, estas compañías se quedan un 30% del neto, aunque a medida que el importe asciende, sus honorarios se reducen si supera el millón de euros.
En España quedan sin adjudicar alrededor de 100 millones de euros en herencias cada año. Se estima que un 40% de españoles fallecen sin testamento, y entre el 10% y el 15% de los casos se desconocen los herederos legítimos. El dinero termina en manos del Estado, salvo que intervenga uno de estos caza herencias.