El objetivo es llegar a un acuerdo de colaboración público-privada para conceder al Estado durante un período de 25 años el arrendamiento de estas viviendas con precio de un 20% de rebaja sobre el valor de mercado.
El perfil del inquilino de este tipo de viviendas lo definiría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), mientras que la gestión continuaría siendo privada. Podría incluir este convenio a viviendas vacías y a viviendas ocupadas con un criterio de vulnerabilidad.
Este acuerdo serviría para regularizar los pisos ocupados de forma ilegal.
En el caso de que se llegue a un acuerdo, se deberá determinar si se articula a través de una convocatoria pública y con el beneplácito de las Comunidades Autónomas.
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