A principios de abril, vivienda preparó un registro para agentes inmobiliarios en la Comunitat Valenciana con carácter obligatorio, que buscaba dar garantías y seguridad a los consumidores. Se trata de un texto que regula los requisitos para ejercer como mediador, asesor y gestor de transacciones inmobiliarias, como se venía reivindicando históricamente por los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia) para dotar de mayor transparencia, una actividad totalmente desregulada.
El registro será de titularidad pública, y naturaleza administrativa, gratuito y de carácter obligatorio. Estará inscrito a la Conselleria competente de Vivienda. Sin embargo, no será de aplicación esta norma para los administradores de fincas; los agentes inmobiliarios que actúan en la autonomía de manera habitual desde algún Estado de la Unión Europea o fuera de la Comunitat Valenciana, sin establecimiento abierto al público. Tampoco, las personas que actúan en la región en la prestación de servicios relacionados con las transacciones inmobiliarias de forma no habitual y sin retribución.
Además los profesionales de la intermediación deberán contar con una titulación universitaria perteneciente a la rama de Ciencias Sociales o Jurídicas, Ingeniería o Arquitectura, o contar con una formación no universitaria de al menos 200 horas lectivas en materia inmobiliaria.
Este registro permitirá activar la creación de una red de agentes inmobiliarios que colaborarán con la Generalitat Valenciana para lograr que propietarios de viviendas en desuso, de forma voluntaria, las cedan para que puedan ser ofertadas en el mercado del alquiler.
Con todo esto se consigue una regulación y más profesionalidad para el sector inmobiliario, eliminando en gran medida el intrusismo laboral.
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